En su visita a Guatemala, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos -CIDH- ha comprobado que persiste un uso abusivo del sistema penal en Guatemala en de contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos, y hasta contra el propio presidente y vicepresidenta de la República.
En la reunión sostenida con el Ministerio Público, el mismo negó la existencia de una práctica de criminalización con el argumento de que tiene el mandato legal de investigar todas las denuncias que recibe sin distinción de la persona denunciada, su cargo o profesión.
Sin embargo, la relatora para Guatemala, Andrea Pochak dijo que en realidad lo que pasa es que “en Guatemala, el sistema penal se ha utilizado contra personas defensoras de derechos humanos, así como contra aquellas personas que participaron o participan en protestas y movilizaciones sociales pacíficas en la defensa de la democracia y el Estado de derecho, o han hecho parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
El gobierno de Guatemala, por medio del Secretario de Comunicación Social, Santiago Palomo, agradeció la visita, indicando que el organismo Ejecutivo comparte los desafíos señalados y según Palomo, se comparte que hay una criminalización ilegal en contra de personas inocentes por parte de una minoría corrupta y ese es el principal obstáculo para fortalecer la democracia en Guatemala. El gobierno indicó que es momento para que el Congreso debería reforme la ley del Ministerio Público.
